Solicita al presidente Luis Abinader enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar el artículo 393 del Código Penal
Servio Tulio Castaños Guzmán
Ante la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal, y dadas las preocupaciones que en amplios sectores de la comunidad jurídica, académica e institucional han generado sus “ambigüedades, duplicidades e incoherencias”, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió ayer al Poder Ejecutivo solicitar al Congreso Nacional ampliar el período de aplicación del mismo.
Afirma que el punto común de esas inquietudes “crearía graves lesiones al sistema de justicia penal”, deteriorando la armonía que debe existir entre las normas que conforman el bloque de constitucionalidad en el marco de nuestra Constitución.
Indica que en el período de la extensión del “vacatio legis” los actores del sistema penal, la Consultoría Jurídica del poder Ejecutivo y demás sectores implicados podrán encontrar las vías para superar los problemas detectados en el texto del Código.
La entidad de la sociedad civil, a través de su vocero, Servio Tulio Castaños Guzmán, recordó que la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, establecida en su artículo 393, es el 5 de agosto del año en curso.
“En aras de crear las condiciones para superar la grave situación descrita, Finjus solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar el citado artículo 393, para que la entrada en vigor se extienda por un plazo mayor, y se puedan realizar las consultas, establecer los consensos y crear las condiciones para que el Código comience a implementarse revestido de las garantías y atributos que señala la Constitución de la República”, dijo la Finjus.
Agregó que valora el compromiso del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República “para establecer las mejores condiciones que garanticen que el nuevo Código Penal, liberado de las tensiones señaladas, se convierta en uno de los instrumentos clave para garantizar los valores que proclama la Constitución para fortalecer el orden democrático, la seguridad jurídica y la convivencia”.
