En un comunicado, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la FP, Josefina Reynoso, afirmó que el Ejecutivo no ha informado qué institución contrató al asesor, cuánto percibe, bajo qué mecanismo se financian sus servicios ni cuál ha sido el costo total de la reforma policial y sus resultados.
La dirigente opositora sostuvo que el Gobierno debe publicar los contratos, designaciones, honorarios, términos de referencia e informes de los asesores vinculados a la reforma policial, además de identificar las instituciones responsables de sus pagos y las partidas presupuestarias utilizadas.
Asimismo, la FP reiteró su petición de que la Cámara de Cuentas realice una auditoría integral e independiente sobre los recursos destinados a la reforma policial, incluidas las asesorías, consultorías, compras, capacitación, tecnología, infraestructura, logística y cooperación internacional de las entidades involucradas.
Reynoso aseguró que la transparencia en el manejo de los fondos de la reforma policial es una obligación constitucional y cuestionó que, tras varios años de ejecución del proceso, la ciudadanía continúe percibiendo altos niveles de inseguridad.