La solicitud fue presentada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó cargos administrativos y de auditoría dentro de la entidad.
Durante la audiencia, el órgano acusador también solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja, alegando la gravedad de los hechos investigados y la posible pena que enfrentarían los imputados en caso de ser hallados culpables.
La audiencia fue conocida por la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Tras varias horas de exposición de las partes, la magistrada suspendió el conocimiento de la medida hasta el jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde, cuando continuará con la etapa de réplica y contrarréplica.
Según la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían utilizado distintos mecanismos para desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer. Entre las presuntas irregularidades figuran fraude clínico y farmacéutico, doble facturación al SeNaSa, uso de sellos médicos falsificados, venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, así como reembolsos fraudulentos y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que parte de los fondos presuntamente sustraídos habrían sido canalizados a través de las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
De acuerdo con el expediente, los investigados también habrían cobrado al SeNaSa por medicamentos y servicios que presuntamente no fueron suministrados a pacientes del centro de salud, además de autoasignarse salarios, viáticos y otros beneficios económicos.
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, documentos, equipos electrónicos, vehículos, un arma de fuego y otros elementos que forman parte de la investigación.
Los imputados enfrentan cargos provisionales por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.