Un mayor general, un general y un coronel, encabezan la lista de los sentenciados a la pena mayor de 20 años, por defraudación de RD$4,500 millones del erario público.
Imputados en el Caso Coral y Coral-5G.
La madrugada del 16 de junio del 2026 quedará marcada en la historia jurídica de la República Dominicana, tras la expectante audiencia en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde justo a las 2:22 se dictó sentencia a los integrantes del entramado de corrupción y lavado de activos más complejo del sector militar y policial del país.El tribunal, compuesto por las magistradas Gisselle Méndez, quien lo preside; Tania Yunes y Yissel Naranjo, votó a unanimidad por condenas de 10, 15 y 20 años para el grupo encabezado por el mayor general Adan Cáceres Silvestre: el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez.
Esto, luego de determinar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad del grupo en el desvío de RD$4,500 millones de los organismos bajo su responsabilidad durante el gobierno de Danilo Medina, eran fechacientes.
La millonaria suma del erario público fue distraida desde los cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep), y Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del CONANI, por lo que las juezas también ordenaron que el Estado Dominicano sea rezarcido con más de RD$5,000 millones.
Esta indemnización al Estado será deducida del decomiso de una enorme cantidad de bienes adquiridos por los condenados, con los fondos sustraídos.
Distribución de condenas
La pena máxima de 20 años solicitada por el MP recayó sobre Cáceres Silvestre, exdirector del Cusep, Torres Robiou, exdirector del Cestur; y Núñez de Haza, gerente financiero de ambos organismos, tras ser hallados culpables de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los tres además deberán pagar individualmente, una multa asecende a la suma de 400 salarios mínimo.
A 15 años de prisión fueron condenados el general Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cestur y seguridad del expresidente Medina y la pastora Rossy Guzmán, señalada como una de las principales “testaferras” de la red, y quien además tendrá que pagar una multa ascendente a la suma de 300 salarios mínimos.
Diez (10) años de reclusión fueron dictados para testaferros “claves” como Esmeralda Ortega Polanco, exejecutiva del Banco de reservas “que facilitaba la apertura de cuentas, el manejo discrecional de altas sumas de dinero en efectivo, y el blanqueo de los fondos de la red sin activar las aletas financieras”. y a quien el tribunal halló culpable de lavado de activos y complicidad en el entramado de corrupción.
También, para el general de Brigada Boanerges Reyes Batista, el Mayor de la Policía, José Manuel Rosario Pirón, el teniente coronel Kelman Santana Martínez; y el capitán de Navío Franklín Antonio Mata Flores.
A 5 años de prisión fue condenada Lucía de los Santos Viola, perteneciente al círculo familiar del exseguridad del presidente de la República, y quien sirvió como “testaferro y prestanombres” para la adquisición los bienes e inmuebles de alto valor adquiridos con los fondos sustraídos. Su pena incluye una multa ascendente a la suma de 100 salarios mínimos.
Premiados con suspendidas y absolución
Como en todo proceso penal de alto perfil, varios acusados fueron premiados por su colaboración con el MP, por lo que fueron premiados con penas suspendidas o absoluciones.
Es el caso del mayor del Ejército Raul Alejandro Girón Jiménez, “testigo estrella” del MP, cuyas declaraciones iniciales permitiron desarticular la estructura criminal. Fue condenado a 5 años de prisión “cumplidos”, debido, además, al tiempo transcurrido bajo medidas de coerción.
Otros favorecidos con penas de 3 años de prisión suspendida pero en la modalidad de “condicional” fueron, Carlos Lantigua, Pedro Roberto Nolasco y Raymel Pastor del Rosario Viola.
Por considerar que “las pruebas del Ministerio Público no destruyeron su presunción de inocencia” las juezas del primer tribunal colegiado dispusieron la absolución de Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la pastora), Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Pequero y Erick Daniel Perreyra Núñez.
La mayoría de los condenados fueron remitidos al centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, en San Cristóbal.
Opciones de los condenados
Mientras la sentencia dictada en primer grado no adquiera la “autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”, lo hoy condenados disponen de varias herramientas y recursos legales por los que pueden optar en procura de revertir, modificar o anular la misma
El primer paso obligatorio es recurrirla en Apelación, tribunal que tiene facultad para ratificar la condena, reducila la pena, absolverlos o mandar a celebrar un nuevo juicio. Luego podrían ir a la SCJ y finalmente al TC.
