El gremio magisterial cuestionó que EDUCA afirmara que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia, cuando el calendario oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación establece 1,528 horas distribuidas en 191 días lectivos.
El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las conclusiones presentadas por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) en su denominado Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, al considerar que contiene graves inconsistencias metodológicas, presenta datos descontextualizados y pretende responsabilizar exclusivamente a los docentes de problemas cuya raíz está en las deficiencias estructurales del sistema educativo nacional.
La ADP expresó preocupación por el hecho de que entidades privadas intenten erigirse en árbitros de la educación pública mediante informes que no cuentan con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación (MINERD), organismo facultado para evaluar y monitorear el cumplimiento del calendario escolar. El gremio magisterial cuestionó que EDUCA afirmara que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia, cuando el calendario oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación establece 1,528 horas distribuidas en 191 días lectivos. “Las cifras presentadas requieren una explicación que valide si solo se impartieron 144 horas de clases antes de construir conclusiones de carácter nacional”, señaló la ADP.
Asimismo, rechazó la afirmación de que 55 convocatorias de suspensión impactaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país, recordando que el Comité Ejecutivo Nacional tiene más de tres años sin convocar una paralización nacional de la docencia. Los reclamos en comunidades como Duarte, Santiago, Azua, San Juan de la Maguana, Haina, Tamayo y Boca Chica, explicó, están vinculados al deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, problemas de seguridad y situaciones extraordinarias como intoxicaciones por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.
“Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista que ignora que muchas de esas acciones procuran garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes”, sostuvo el gremio.
La ADP también cuestionó la autoridad moral de EDUCA, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría para presentar estimaciones económicas sobre la educación pública, señalando que dichas instituciones reciben recursos del propio Estado. Datos oficiales indican que en los últimos cinco años EDUCA ha recibido RD$67,078,539.93 a través de programas de formación financiados por el INAFOCAM, mientras que Fe y Alegría ha percibido RD$12,037,375.00 por concepto de subvenciones, sumando en conjunto RD$79,115,914.93 provenientes de fondos públicos.
Con esta respuesta, la ADP reafirma que la discusión sobre la calidad educativa debe centrarse en las condiciones estructurales del sistema y no en responsabilizar de manera unilateral a los docentes.
