Manifestantes desafiaron amplio dispositivo policíaco militar y candente sol para marchar por calles de San Juan y llegar hasta el muro de presa de Sabaneta
Frente a un amplio dispositivo policíaco militar y una ciudad taponada por la gran cantidad de vehículos en las calles, miles marcharon en San Juan de la Maguana en rechazo total a la explotación minera en la provincia y en la Cordillera Central, tras afirmar que pondría en riesgo la estabilidad hídrica y ambiental de la región Sur
En la jornada convocada por el Movimiento Zona Norte San Juan, los manifestantes emplazaron al Gobierno para que disponga, en un plazo de una semana, el retiro de las operaciones de la empresa minera en la Cordillera Central, considerada Madre de las Aguas.
En la declaración pública “En Defensa de los Recursos Hídricos y el Desarrollo Sostenible de San Juan”, leída en el muro de la presa de Sabaneta, el movimiento reafirmó el compromiso con un modelo económico basado en la agricultura, el ecoturismo y la producción sostenible, actividades que garantizan el sustento y la dignidad de las presentes y futuras generaciones.
Llamó a los sectores profesionales, agricultores y ciudadanos de San Juan a mantenerse unidos y vigilantes en la defensa del patrimonio natural y cultural. “Informamos que a partir de ahora emplazamos por un tiempo de una semana a las autoridades competentes para que detengan las operaciones de la empresa Gol Quest en la Cordillera Central”.
Advirtió que después de cumplirse el tiempo responsabilizan al Gobierno de lo que pueda ocurrir entre la sociedad de San Juan y la empresa minera porque ¡el agua y la vida no se negocian!
Considera que la protección del agua de las cuencas hidrográficas y de los recursos naturales es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y una condición innegociable para la supervivencia y el desarrollo de la provincia. Por ello, pidió respetar decisiones judiciales como la Sentencia TC/0482/19, que confirma la necesidad de garantizar el bienestar colectivo por encima de intereses particulares que pongan en riesgo el ecosistema.
Dijeron que la Constitución reconoce el respeto a la sensibilidad de los pueblos y la defensa del agua y la vida e invalida cualquier intento de imponer proyectos que amenacen la vocación agropecuaria.
Recordaron que el proyecto minero de Cotuí evidencia una grave contaminación ambiental de las aguas y los suelos, a pesar de que las empresas presentaban estudios previos como garantía de un impacto mínimo.
En ese sentido, ven como inaceptable intentar replicar ese modelo en San Juan: la realidad hidrológica y ecológica de la cordillera es sumamente frágil y amenaza con la contaminación de las aguas del río San Juan fuente de vida agrícola del Valle denominado “El granero del Sur”.
Un amplio contingente policial y militar fue desplegado en San Juan de la Maguana previo a la marcha convocada ayer en defensa del agua y en rechazo a la explotación minera en la zona de Romero.
Desde la noche del sábado comenzaron a llegar a la provincia vehículos con agentes policiales y miembros del Ejército.
La convocatoria también contó con respaldo de distintos sectores sociales, iglesias y figuras públicas.
Entre los que apoyaron estuvo el alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, quien informó que participaría en la jornada e hizo un llamado a que la actividad transcurra de forma pacífica.
El funcionario reiteró que la provincia debe priorizar la protección del agua y la actividad agrícola.
De igual modo, respaldaron la manifestación legisladores de la provincia, así como organizaciones de las demás provincias del Sur y el Norte del país.
La jornada de ayer es la continuación de 12 puntos elaborados por cientos de organizaciones sociales y ambientales en septiembre pasado en el “Compromiso de San Juan”, donde están plasmada su postura en relación con a los problemas socioambientales que afectan al país.
En su primer punto las organizaciones establecen que la intención de explotación minera del Proyecto Romero en San Juan no tendrá permiso social, cuestión que consideran innegociable, ya que afectaría la salud, la vida y el medio ambiente de la población del Suroeste.
Sustentado en ese documento, la semana pasada San Juan paralizó sus actividades productivas.