Secretario de Asuntos Jurídicos advierte que la iniciativa vulnera la Constitución y da paso a posibles actos de corrupción a gran escala.
Al fijar la posición oficial de la organización en rueda de prensa, el titular de esa secretaría, Raúl Martínez, explicó que la iniciativa busca autorizar el pago a múltiples personas físicas y jurídicas de una cantidad indeterminada de dinero, para satisfacer supuestas deudas contraídas por la Administración Pública respecto de obras de infraestructura ejecutadas sin cumplir con los procedimientos normativos vigentes. Indicó que dicho proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra bajo discusión en el Senado de la República.
El dirigente político recordó que una propuesta similar fue aprobada anteriormente por la mayoría oficialista en el Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo a principios de este año. No obstante, señaló que los diputados del PRM han insistido en retomar esta iniciativa, la cual calificó como un “mayúsculo desatino” que contraviene la Constitución y las normas de control del sistema de administración financiera del Estado dominicano.
Asimismo, advirtió que el proyecto contradice principios constitucionales fundamentales como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria, al tiempo que debilita los mecanismos de control del gasto público y el endeudamiento estatal establecidos en normativas como la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la Ley de Crédito Público, la Ley de Planificación e Inversión Pública, así como las disposiciones más recientes en materia de organización administrativa y contrataciones públicas.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo cuestionó además que la iniciativa reconozca la condición de acreedores del Estado a centenares de personas físicas y empresas sin que se determinen previamente las condiciones en que fueron contraídos esos compromisos, la efectiva ejecución de las obras o los montos a pagar. A su juicio, legislar de esta manera “irresponsable y opaca” abre la puerta a posibles actos de corrupción a gran escala, con consecuencias negativas para las finanzas públicas.
La Fuerza del Pueblo exigió al Senado de la República rechazar el proyecto de ley, y expresó que espera que el Poder Ejecutivo, en caso de ser aprobado en la Cámara Alta, se abstenga de promulgarlo y lo devuelva al Congreso con las observaciones correspondientes.
La organización política aseguró que se mantendrá vigilante frente a esta iniciativa, al considerar que representa un grave riesgo para el manejo responsable de los recursos del Estado y el respeto a la Constitución y las leyes de la República Dominicana.