Milagros Ortiz Bosch asistió a la Procuraduría para poner en conocimiento la situación en Coramon, la cual calificó como de índole penal.

Milagros Ortiz Bosch asistió a la Procuraduría para poner en conocimiento la situación en Coramon, la cual calificó como de índole penal.
POR.ELFARORD.COM SANTO DOMINGO.- La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita a la Procuraduría General de la República con el objetivo de poner en conocimiento de ese órgano la situación relacionada con denunciantes de presuntos actos de corrupción administrativa y fortalecer la coordinación interinstitucional en torno al caso.
La funcionaria explicó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) recibió en agosto de 2025 una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coraamon). Tras los levantamientos iniciales, la institución determinó que los hechos correspondían a una materia de naturaleza penal, por lo que, el expediente fue remitido oportunamente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), conforme a lo establecido en la Ley 133-11.
Ortiz Bosch indicó que la visita a la Procuraduría responde a la preocupación institucional ante la posibilidad de que denunciantes o testigos puedan enfrentar represalias administrativas o legales, por lo que se consideró pertinente poner esta situación en conocimiento del Ministerio Público, órgano con competencia en la persecución penal.
La titular de la Digeig informó, además, que la institución trabaja en la elaboración de una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.
Ortiz Bosch reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades competentes para garantizar el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional.