Los recursos públicos tiene que ser, permanentemente, objeto del mayor escrutinio, dice la oposición
Sede del Congreso Nacional.
POR.ELFARORD.COM SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina las sanciones penales aplicables a los alcaldes y autoridades municipales por violaciones a la distribución del presupuesto.
La propuesta introduce cambios a la legislación vigente que anteriormente establecía sanciones penales para los funcionarios municipales que no cumplieran con los porcentajes legales en la distribución de los fondos, especialmente aquellos destinados a inversión, servicios y gastos administrativos.
La iniciativa legislativa, presentada por el senador oficialista Aneudy Ortiz, plantea eliminar el límite del 30 % que restringía los recursos destinados al pago de personal fijo y contratado, y reemplazarlo por un tope más amplio de hasta un 75 %. Este nuevo margen incluiría no solo la nómina, sino también los fondos destinados a actividades municipales, así como al funcionamiento y mantenimiento de los servicios locales.
Ante esa decisión de los senadores, el periódico Hoy consultó a varios legisladores opositores para conocer su parecer al respecto y cómo esto afectaría a la población.
Pedro Martínez, diputado de Alianza País, se opuso a la aprobación que hicieron los senadores. “Los recursos públicos tiene que ser, permanentemente, objeto del mayor escrutinio. No se puede permitir que funcionarios, de cualquier categoría, puedan usar libremente recursos, y menos estimular el gasto corriente en lugar de la inversión.
Por eso, es importen que los controles, en vez de disminuirlos, sean aumentados para la cosa pública. Porque ya tenemos suficientes casos en los cuales se ha demostrado que la intencionalidad y la falta de control de usar los recursos públicos como si fueran propios, han resultado en pérdidas para la nación.
En tanto, el diputado Carlos Pérez, del partido Fuerza del Pueblo, coincidió con Martínez en que la decisión en el Senado constituye una falta grave y peligro para la administración de los recursos públicos en los ayuntamientos.
“Sin lugar a dudas, es una estrategia anticipada para las elecciones del 2028. Eso se va a manifestar en carencia de servicios, en falta de claridad, aumento de la corrupción y, sobre todo, en un uso político, y contrario a los intereses ciudadanos”.
Pérez puntualizó que, mientras se discutía la pieza en la Cámara Alta, “en los ayuntamientos donde hubo sesión ayer (jueves) para conocer el presupuesto, se mandó, por parte del PRM, a paralizar el conocimiento del presupuesto para esperar que este proyecto se convierta en ley”.
En ese orden, dudó que el proyecto sea convertido en ley, aunque no descartó que el oficialista logre su objetivo. Recordó, además, que hace varios meses se modificó el artículo 21, mediante la Ley 75-25, sobre la actualización de los límites de presupuestos municipales.
De su lado, el también diputado Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, opinó que el proyecto desdice de todos los esfuerzos que se hicieron para que el país tenga un Código Penal que tipifica los delitos contemporáneos.
“No entiendo este parche mal pegao de último momento, que diseña un traje para que los alcaldes le den rienda suelta al gasto municipal que no reditúa en beneficio para la comunidad. Lo que se debe es aprovechar la "vacatio legis" (Período que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor) y enmendar cualquier gazapo que se haya deslizado en el Código Penal", recomendó Wessin Chávez.