El documento fue suscrito por la presidenta de la CCRD, doctora Emma Polanco Melo; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch; el ministro de la Presidencia, Andrés Bautista García; y el contralor general de la República, Félix Antonio Santana García, durante una ceremonia realizada en el auditorio de la Policía Nacional, que contó con la participación de representantes de la Contraloría General de la República.
Asimismo, valoró la coordinación entre los órganos superiores de control del Estado y su trascendencia para el fortalecimiento de la gobernanza pública.
“La presencia conjunta de la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Emma Polanco Melo, y del contralor general, Félix Antonio Santana García, envía un mensaje poderoso al país: cuando el control interno y el control externo actúan en sintonía, la transparencia se fortalece y se cierran los espacios a las prácticas corruptas. Esta coordinación institucional es una garantía esencial para la integridad pública”, afirmó Ortiz Bosch.
La titular de la DIGEIG explicó, además, que el contenido del Compromiso Estratégico se alinea con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de prevención y combate a la corrupción, contribuyendo así a elevar los niveles de gobernanza y a fortalecer la institucionalidad democrática del país. Acompañaron a la presidenta de la Cámara de Cuentas los miembros del Pleno: Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente; Francisco Franco; Ramón Méndez Acosta; y Griselda Gómez Santana.
Durante la ceremonia se llevó a cabo el cierre de la 5.ª Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública #DominicanaSinCorrupción, iniciativa que desarrolla anualmente la DIGEIG para fomentar una cultura de integridad mediante acciones de sensibilización y la promoción de valores éticos en las instituciones del Estado.
Al adherirse a este compromiso, los miembros del Pleno de la CCRD ratifican su determinación de cumplir con el mandato constitucional de garantizar la transparencia, el control fiscal y la correcta administración de los fondos públicos, reafirmando su voluntad de elevar los estándares de integridad institucional y de promover una gestión pública basada en la ética, la legalidad y el servicio a la ciudadanía

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