El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, a solicitud de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, como parte de una estrategia integral para fortalecer la persecución penal del narcotráfico y sus redes financieras en República Dominicana.
La nueva unidad especializada busca desmantelar estructuras criminales, decomisar bienes ilícitos y evitar su reutilización en actividades delictivas, en respuesta a la evolución del crimen organizado, el auge de las drogas sintéticas y el uso de tecnologías para el criptolavado y la distribución global.
La procuradora Reynoso afirmó que “resultaría obsoleto mantener un modelo tradicional frente a un fenómeno que se complejiza con plataformas digitales, activos anónimos y redes criminales interconectadas a escala planetaria”. Añadió que esta nueva dependencia será un modelo de persecución penal estratégica, con capacidad técnica para rastrear activos digitales, anticipar tendencias delictivas y coordinar cooperación internacional en tiempo real.
El Consejo Superior, amparado en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), designó como titular interina a la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la persecución de delitos complejos, incluyendo lavado de activos, tráfico de armas y jurisdicción privilegiada.
Jáquez Vialet ha sido parte de las principales investigaciones contra el narcotráfico en el país y posee formación especializada en Extinción de Dominio, Investigación Financiera (ILEA) y Criminalidad Organizada y Criptoactivos (FBI).
La creación de esta procuraduría se suma a los logros recientes del Ministerio Público, que incluyen récords en decomisos de microtráfico, incautación de bienes y extradiciones coordinadas con países aliados como Estados Unidos, Países Bajos, Italia y España.
La procuradora Reynoso subrayó que esta unidad no duplicará funciones, sino que articulará esfuerzos con otras dependencias para evitar choques institucionales, garantizando una persecución más eficaz, especializada y adaptada a los desafíos emergentes del crimen transnacional.
