POR.ELFARORD.COM SANTO DOMINGO, R.D. – La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, Carol Modesto entrevistó al reconocido jurista argentino Alberto Binder, presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INECIP) y asesor de múltiples reformas procesales en América Latina, quien llamó a la República Dominicana a profundizar su agenda de transformación judicial, poniendo en el centro la planificación estratégica del Ministerio Público, la profesionalización de jueces y defensores, y la incorporación del sistema de jurados como vía para fortalecer la legitimidad democrática de la justicia penal .
Durante la entrevista, Binder destacó que las reformas procesales penales en la región han permitido mayor transparencia y comprensión ciudadana, pero advirtió que persisten grandes retos organizacionales y de formación profesional .
Entre los aspectos más relevantes, el experto subrayó:
• Prisión preventiva: Calificó esta figura como “la institución maldita del derecho procesal”, insistiendo en que su uso debe ser ultra excepcional. Recomendó fortalecer las alternativas a la prisión, como la supervisión en libertad con dispositivos electrónicos y fianzas sociales
• Acceso a la justicia: Señaló la necesidad de fortalecer la justicia civil, laboral y de pequeñas causas, para evitar la sobrecarga de la justicia penal y garantizar soluciones rápidas a los conflictos cotidianos .
• Ministerio Público: Propuso una reorganización basada en la planificación estratégica de casos y el trabajo conjunto con la policía, para evitar investigaciones rutinarias y garantizar impacto en los casos más graves para la sociedad .
• Mensaje final a los jueces dominicanos: Binder exhortó a que los jueces penales del país asuman con entusiasmo su rol en el sistema acusatorio, defendiendo su independencia y abriéndose a la participación ciudadana. “¡Jueces verdaderamente profesionales, independientes y abiertos a la sociedad!”, expresó .
Con esta visión, Binder invitó a República Dominicana a liderar una nueva etapa de reformas judiciales en la región, fortaleciendo la confianza ciudadana y la eficacia institucional en la justicia penal.

