Imputados en la Operación Lobo / Foto: Guillermo Burgos
El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) no escapa al escándalo de presunta corrupción que ha destapado el Ministerio Público (MP), a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la denominada operación Lobo, con la que señalan a 10 oficiales, activos y retirados, de pertenecer a una supuesta red criminal que operaba desde el año 2012 (hasta enero de 2025) y que llegó a recibir en sobornos más de 108 millones de pesos en diferentes entidades estatales, según la solicitud de medida de coerción.
El órgano acusador dice que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) «operó como el eje central de una red criminal dedicada al pago de sobornos y al ocultamiento de fondos ilícitos, producto de contrataciones estatales adjudicadas mediante prácticas corruptas en diversas instituciones públicas».
Entre esas instituciones está, además del Inaipi, Edesur, Edenorte y Edeeste, y el Seguro Nacional de Salud (Senasa). «Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estrucrua criminal para drenar
fondos públicos», dice el documento que preparó la Pepca.
En el caso del Inaipi, conforme a los datos estadísticos del año 2020, el Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia tenía en operación aproximadamente 122 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) a nivel nacional, así como 117 Centros Comunitarios de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI), de los cuales 41 funcionaban bajo la modalidad de cogestión. Esas estructuras necesitaban ser resguardadas, dice la Pepca.
«Al momento de ocurrir los hechos delictivos que motivan la presente solicitud de medida de coerción, el equipo de seguridad del Inaipi estaba compuesto por su encargado, el coronel Francisco Guarín Fernández Vásquez, y por el teniente Wellington Peralta Santos, siendo este último miembro del Comité de Compras de dicha institución», dice la solicitud de medida de coerción contra el encartado.
En este contexto, durante la gestión de dicho coronel, el Comité de Compras y Contrataciones llevó a cabo la licitación Pública No. INAIPI-CCC-LPN-2022-0017, según el Ministerio Público. Dicho proceso estaba marcada por un conjunto de violaciones a la ley, motivadas por la distribución de sobornos entregados a funcionarios de esta entidad por parte de la empresa acusada Senase Estos actos le permitieron a la referida empresa asegurar la adjudicación de dos de los lotes licitados, según la solicitud de medida de coerción.
El documento, de más de 400 páginas, detalla que los representantes de la empresa Horus VIP SRL, con la el Inaipi suscribió el contrato de seguridad, se reunieron varias veces con los funcionarios de la entidad estatal, encargados de la ejecución del contrato suscrito en busca de cumplir con las obligaciones contraídas, sin embargo, estos imputados «mediante trabas irracionales le impedían la instalación de los vigilantes en los puestos acordados y no le facilitaron la información y la autorización que le permitiera realizar el levantamiento de la situación de seguridad en cada puesto, lo cual resulta imprescindible para la instalación del servicio.
En el caso de Horus VIP SRL. se les adjudicó 42 puestos y sólo en 21 de ellos la empresa logró instalar vigilantes de seguridad debido principalmente a:
1) La falta de información y autorización que debía suministrarle la institución
a los contratistas.
2) Miguelina del Carmen Báez Tellería le había indicado que los vigilantes
serían instalados a requerimiento de la institución.
3) Miguelina del Carmen Báez Tellería, había indicado que el listado de
puestos que le fueron adjudicados solo era una mera referencia contractual
que no se ajustaba a la necesidad para la que se contrató, sosteniendo que el
servicio no era fijo si no «n requerimiento», adulterando las condiciones del
contrato.
4) No existía un cronograma previo de entrega del servicio
La Pepca identificó casi 13 millones de pesos (RD$12,846,920.78,) recibidos por funcionarios relacionados al Inapi de parte de Senase, conforme a los registros financieros obtenidos durante el proceso de investigación. Dichas transferencias se enmarcan en el esquema de sobornos sistemáticos vinculados a los contratos adjudicados a la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL, y fueron canalizadas directamente por los funcionarios imputados en esta línea de investigación y recibido a través de operaciones de intermediarios, simulando justificación económica legítima, según el documento.
Imputaciones
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según lo tipificado en los artículos 177, 178, 179 párrafo y 180 del Código Penal Dominicano; los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y el artículo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.
Asimismo, se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que establece la proscripción de la corrupción administrativa.
En cuanto al lavado de activos, los hechos se corresponden con los artículos 3 numerales 1, 2 y 3; artículo 4 numeral 8; y artículo 9 numerales 1, 2 y 4 de la Ley número 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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