Ángel Martínez fue puesto en arresto en la mañana de hoy en virtud de una orden judicial por tipos penales como la extorsión y chantaje acompañado de lesión, lo cual según el artículo 254 del Código Penal dominicano pudiera ser castigado de 4 a 10 años de prisión.
Según las autoridades, el detective fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y mañana será llevado a la ciudad de Santiago donde se le conocerán medidas de coerción.
Ángel Martínez registra en la actualidad más de 20 querellas por distintos tipos penales, entre los cuales está la difamación, injuria, lavados de activos, extorsión, chantaje y asociación de malhechores.
Según informaciones extraoficiales, el Ministerio Público pudiera estar llamando al proceso a otras personas que participan de la supuesta industria del chantaje a través de las plataformas digitales junto al detective Martínez y se dice están ligadas a los medios de comunicación emergentes, a la política y al sector privado.
La extorsión, el chantaje y la difamación practicados en la República Dominicana han experimentado un preocupante aumento en los últimos años, especialmente en el espectro digital.
Sin duda alguna, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y los juristas han advertido el uso -cada vez más frecuente- de las redes sociales y las plataformas digitales en general como herramientas para intimidar, desacreditar y extorsionar a los ciudadanos, funcionarios públicos y empresarios de todos los niveles.
Según los datos del Ministerio Público, los casos relacionados a crímenes y delitos de alta tecnología aumentaron en más de un 40% entre el 2022 y el 2024. La mayoría de estas denuncias corresponden a casos de difamación, chantaje o amenazas realizadas a través de medios digitales.
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De acuerdo con las informaciones recopiladas, en la mayoría de los casos se utilizan perfiles anónimos o plataformas extranjeras para divulgar información no confirmada, así como audios manipulados, documentos alterados, entre otros. La finalidad, claramente, es coaccionar a las víctimas para que realicen pagos o adopten decisiones bajo presión y exposición pública.
Lo anterior obedece a una estructura creada bajo el mandato y dirección del autodenominado investigador internacional, Ángel Martínez, actualmente radicado en los Estados Unidos. De acuerdo con las informaciones recibidas, este grupo se dedica a recopilar -o bien fabricar- información sensible sobre figuras públicas, funcionarios, empresarios y políticos, con la intención malsana de presionarlos, a través de amenazas mediáticas y publicaciones en plataformas digitales.
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