El debate sobre el Presupuesto General del Estado para el año 2027 debe llamar la atención de todos los dominicanos. Y hay una pregunta que debemos hacernos como sociedad: ¿cuáles son las verdaderas prioridades de quienes administran el dinero público?
Estamos hablando de recursos que salen, directa o indirectamente, del esfuerzo de millones de dominicanos que trabajan, pagan impuestos, compran alimentos, consumen combustible y hacen sacrificios para mantener a sus familias.
Es cierto que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento del Estado, porque así lo establece la legislación dominicana. Pero una cosa es reconocer ese derecho y otra muy distinta es perder de vista las necesidades de la población.
Mientras se discute si los partidos deben recibir más de mil setecientos millones de pesos adicionales, hay hospitales que necesitan mejores equipos, comunidades que reclaman agua potable, escuelas que requieren mejores condiciones, ciudadanos que viven preocupados por la delincuencia y familias que cada día tienen más dificultades para comprar los alimentos.
Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué debe tener mayor atención en un presupuesto nacional: las necesidades de las organizaciones políticas o las necesidades de millones de ciudadanos?
No se trata de desconocer la importancia de los partidos en la democracia, ni de cuestionar un derecho establecido por la ley. Se trata de exigir equilibrio, responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de estudiar cada partida, revisar las prioridades y garantizar que el dinero del Estado se distribuya pensando en el desarrollo del país y en el bienestar de la gente.
Porque los ciudadanos no pagan impuestos para que el presupuesto se convierta en una discusión de intereses políticos. Los pagan esperando servicios públicos de calidad, oportunidades de empleo, seguridad, educación, salud y mejores condiciones de vida.
Y quiero terminar con una reflexión: la democracia no puede medirse solamente por los recursos que reciben los partidos políticos, sino también por las respuestas que reciben los ciudadanos a sus necesidades.
Al final, los partidos pasan, los gobiernos cambian y los funcionarios se van, pero el pueblo permanece. Y es ese pueblo el que merece saber cómo se utiliza cada peso que aporta al Estado.
El dinero público no es propiedad de ningún gobierno, de ningún partido ni de ningún funcionario. Es dinero de todos los dominicanos, y su administración debe estar a la altura de las necesidades de todos.
