Santo Domingo, RD.- El 87 % de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de
Bancos (SB) reconoce que los temas ambientales y climáticos pueden generar impactos financieros
materiales, mientras que el 36 % ya cuenta con responsables o estructuras organizacionales
dedicadas a estos temas.
Los datos se desprenden de la segunda Encuesta sobre Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales
(RAS), que además revela que casi la mitad de las entidades se encuentra en proceso de crear las
condiciones internas para realizar una gestión sistemática de los riesgos y oportunidades
relacionados con el medio ambiente.
La encuesta también identificó avances en la adopción del Sistemas de Administración de Riesgos
Ambientales y Sociales (SARAS), pues ya el 24 % de las entidades reportó encontrarse en alguna
fase de implementación de estos sistemas y un 29 % indicó estar evaluando su adopción.
Asimismo, el informe traza una clara ruta de crecimiento para la infraestructura tecnológica y la
evaluación crediticia. Actualmente, el 36 % de las entidades se posiciona para liderar el desarrollo
de mecanismos para clasificar sus carteras como verdes, mientras que un grupo pionero del 11 %
ya está marcando la pauta al integrar el análisis climático en la calificación de sus clientes,
delineando el próximo estándar de modernización para el resto del sistema.
De forma general, los resultados reflejan una mayor conciencia sobre los riesgos ambientales,
sociales y de gobernanza (ASG) en el sistema financiero dominicano, así como avances en la
estructuración de políticas, responsabilidades y metodologías para abordarlos.
Como parte de este proceso, la SB continuará promoviendo el fortalecimiento de capacidades
técnicas, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de herramientas que faciliten la
integración de criterios ASG en la gestión de riesgos y en los procesos de financiamiento,
contribuyendo así a la resiliencia y sostenibilidad del sistema financiero nacional.
El levantamiento, aplicado al 100 % de las entidades supervisadas, permitió evaluar el progreso del
sector respecto a la línea base levantada en febrero de 2024 y medir su nivel de preparación para
gestionar riesgos asociados al cambio climático y la sostenibilidad. La medición se estructuró
conforme a los cuatro pilares del marco internacional de Divulgaciones Financieras Relacionadas
con el Clima (TCFD): gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos.
