Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) exhortó al Congreso Nacional a aprobar antes del 5 de noviembre la extensión de dos años para la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El presidente de la entidad, mayor general retirado Freddy González Estrada, afirmó que el sector empresarial respalda la modernización del sistema judicial y el cumplimiento normativo, pero considera necesario un período de transición para adaptar sus estructuras internas.
Explicó que las empresas necesitan tiempo para implementar programas de cumplimiento, capacitar al personal y ajustar sus protocolos de dirección y supervisión corporativa.
Advirtió que la aplicación inmediata de este régimen podría exponer a las compañías a sanciones severas, como multas, inhabilitaciones comerciales, cierre de establecimientos y disolución corporativa, con posibles consecuencias para miles de empleos formales.
González Estrada señaló que la industria de seguridad privada maneja operaciones sensibles relacionadas con la gestión de riesgos físicos y el cumplimiento de regulaciones específicas, por lo que requiere condiciones adecuadas para ajustarse a las nuevas disposiciones.
