La Dirección General de Migración (DGM) negó haber notificado a propietarios de viviendas en Dajabón para que desalojen a haitianos en condición irregular que residen en alquiler, como había asegurado el alcalde de ese municipio, Santiago Riverón.Este martes, Riverón había dicho que recibió informaciones de que Migración ya implementó la medida en el distrito municipal de Santiago de la Cruz, y que esa entidad daría un plazo de «cinco días para todo el que tiene viviendas alquiladas a ilegales haitianos» accione contra esos extranjeros.
Sin embargo, el periódico Hoy preguntó a la DGM sobre las aseveraciones del alcalde y esta dijo que «no se ha hecho emplazamiento alguno».
El alcalde reveló al periódico Hoy que sus afirmaciones estaban sustentadas en un documento que le habían enviado, supuestamente, remitido por el encargado de Migración en Dajabón, con fecha del 1 de julio de 2025—sin firma y timbrado por el Ministerio de Interior y Policía—, dirigido a dueños de fincas donde han estado laborando haitianos «de manera irregular, y que los mismos viven en casas que son de su propiedad».
«Ellos enviaron ese aviso a los dueños de fincas, me lo entregaron a mí y me dijeron que eso lo van a hacer en Dajabón, pero con los dueños de viviendas», aseveró el alcalde.
Aunque posteriormente había sido informado de que Migración negó esa supuesta notificación, Riverón cree que las autoridades deben arreciar contra la situación migratoria en esa provincia fronteriza. Recordó las 15 medidas del Gobierno para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis haitiana, anunciadas por el presidente Luis Abinader a inicios de abril de este año.
Se refiere, específicamente, a la medida cuatro, que dice que se someterá al Congreso Nacional una reforma legal migratoria para endurecer sanciones contra funcionarios y ciudadanos que faciliten la migración ilegal.
Entre esas proposiciones que fueron dadas a conocer por el mandatario, están «establecer sanciones duras para casos no previstos en la legislación actual, tal como: propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular«.
«Le estamos pidiendo al Congreso que apruebe eso lo antes posible, para evitar que se siga haitianizando el país y que se prohiba la venta de viviendas a ilegales haitianos», concluyó Riverón, quien indicó que en Dajabón hay más de 200 viviendas ocupadas por haitianos con una condición migratoria irregular.
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